Barack Obama está obteniendo el efecto contrario al esperado cuando instó al Departamento de Justicia a bloquear la ley migratoria de Arizona.
El presidente justificó su decisión asegurando que se trataba de un asunto federal y que sería un sinsentido que cada región tuviera su propia legislación. Sin embargo, menos de un mes después de la entrada en vigor de la controvertida norma SB 1070, casi la mitad del país ha decidido declararle la guerra a la inmigración ilegal. Según un reciente estudio de la asociación Americans for Legal Inmigration (ALIPAC), al menos 22 estados estudian la manera de implantar una ley inspirada en la ley Arizona.
William Gheen, presidente de ALIPAC, la tercera organización civil más importante de EE UU, se muestra “muy satisfecho” con que cada vez más estados “sigan el camino iniciado por Arizona, elaborando su propia versión de una norma que, según las encuestas, cuenta con el apoyo de entre el 60 y el 81% de los estadounidenses”. De hecho, no sólo estados fronterizos como Texas, sino también otros del norte como Ohio, Michigan, Minnesota y Nueva Jersey, además de Nevada, Utah o Pensilvania, ya trabajan en el documento.
A principios de septiembre, dos representantes de Rhode Island, uno demócrata y otro republicano, se reunirán con la gobernadora Brewer, las autoridades y miembros de asociaciones locales para complementar la propuesta de ley contra la inmigración ilegal que se votará en este pequeño territorio en 2011. La nueva norma tratará de responder a casos de corrupción como el que se descubrió hace meses en el Departamento de Vehículos del estado, donde algunos trabajadores vendían carnés de conducir falsos a los sin papeles para que pudieran identificarse como residentes legales.
Además, esta semana 11 senadores estatales de Colorado viajaron al estado del Gran Cañón para comprobar sobre el terreno el funcionamiento de la Ley SB 1070. Paralelamente, el partido republicano de Alabama anunció su intención de “impulsar una legislación similar a la aprobada en Arizona”. El líder de la minoría conservadora del estado, Mike Hubbard, asegura que su intención es “impulsar la creación de un nuevo estatus criminal que permita a las fuerzas del orden detener a los indocumentados por el mero hecho de poner un pie en Alabama”.
En Florida, los políticos locales tratan de reformular la proposición para que no suceda lo mismo que en Arizona, donde la jueza federal Susan Bolton bloqueó algunas de las partes más controvertidas. “Estamos trabajando en el lenguaje de la nueva legislación”, asegura el representante estatal William Snyder, para quien la finalidad “no es incrementar las penas, sino establecer un marco legal para la inmigración a nivel estatal”.
A esta lista de estados que se plantean aplicar una nueva legislación para frenar la llegada masiva de indocumentados –actualmente se calcula que viven en el país más de 11 millones de sin papeles– se han sumado en las últimas semanas, entre otros, Arkansas, Idaho, Indiana, Maryland, Missouri, Nebraska, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Ohio, Oklahoma y Tennessee.
Para las próximas elecciones legislativas de noviembre, la inmigración será uno de los principales caballos de batalla. “La mayoría de los candidatos estatales y federales están dispuestos a apoyar la ley Arizona y endurecer las medidas contra la inmigración”, asegura Gheen, para quien los estados que se revelen contra la política migratoria de la Administración Obama “no pararán de crecer hasta que estén protegidos contra esta invasión”.
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